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SALVADOR SAMAYOA - 26 mayo 2013

Cuarto año de gobierno... Lo bueno: el propósito de ayudar a los más pobres
         
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Es muy raro que algún gobierno, al menos en nuestras latitudes occidentales y tercermundistas, no proclame la superación de la pobreza como uno de sus grandes objetivos. Que realmente se lo proponga es otra cosa, pero por proclamas ninguna fuerza política quedaría excluida de tan loable emprendimiento. Las derechas con sus enfoques de poca intervención estatal, elevado crecimiento económico y esperanza de rebalse social. Las izquierdas con sus tradicionales recetas de mucha intervención estatal y diversos programas de asistencia social.

El gobierno de Mauricio Funes no se ha salido de este guión: poca incidencia estructural y muchos programas de ayuda o asistencia social, la mayor parte de ellos empaquetados en el concepto de "sistema de protección universal". Así ha intentado construir el presidente la imagen de orientación popular de su gobierno: a base de programas de ayuda directa a sectores marginados de los beneficios del desarrollo y a base de una retórica muy agresiva en contra de las élites tradicionales.

A este propósito destinó el año pasado unos 830 millones de dólares, contabilizados por el mismo gobierno como "inversión social" . Para 2013, la cifra proyectada es similar, cerca de 820 millones de dólares destinados en parte a "infraestructura social" y en parte a "programas sociales", como el de apoyo temporal al ingreso (PATI), que en un registro acumulativo ha beneficiado a unos 40,000 jóvenes y mujeres jefas de hogar con $100 mensuales durante 6 meses; o el programa de pensiones para adultos mayores, que según datos oficiales ha beneficiado a 27,000 personas en 75 municipios de extrema pobreza.

En contra del enfoque de este tipo de programas se suelen plantear tres argumentos relacionados entre sí: el primero se refiere a la eficacia, el segundo a la sustentabilidad y el tercero a su costo de oportunidad. Otro argumento de orden político se refiere a la dependencia y al clientelismo atribuible a cualquier forma de asistencialismo. Para los críticos de estos programas, la mejor política social es el empleo y, desde este punto de vista, mejor servicio habría prestado el presidente a los pobres dedicándose a dinamizar el crecimiento económico a partir de la inversión pública, o mediante conductas y políticas que produjeran mayor confianza e incentivos a los empresarios para la generación de empleos productivos.

La crítica fundamental está en el costo de oportunidad de los programas , medido en términos de la inversión o el gasto que deja de hacerse en otros rubros por destinar los recursos limitados a los programas mencionados. Un buen ejemplo para discernir el valor de la lógica gubernamental y el valor de los señalamientos que la contradicen es el programa de entrega de paquetes escolares. Por una parte es cierto -y el presidente lo ha expresado con mucha convicción- que ningún niño debiera dejar de ir a la escuela o sufrir en la escuela por falta de calzado o de ropa decente, pero por otra parte también es cierto que los casi 400 millones que habrá costado este programa al término del quinquenio, bien pudieron emplearse en infraestructura escolar o en lograr una educación de mejor calidad.

Mejor posibilidad de incidencia en la superación de la pobreza -ya comprobada en muchos países- suelen tener programas como "Red Solidaria", creados por el gobierno anterior y sostenidos por el gobierno actual. Bajo este programa más de 90,000 familias en 100 de los municipios más pobres del país han recibido bonos por cumplir sus compromisos de vacunación y asistencia de los hijos menores a la escuela.

A pesar de la validez de algunas de las críticas a los programas sociales, se puede argumentar en su favor que aún si hubiera un buen clima de negocios y la inversión privada creciera significativamente, el empleo siempre crecería a un ritmo menor y tendería a estar mal retribuido, mientras el capital tendería a convertir el rebalse en goteo, como ha ocurrido en otros períodos, por lo que siempre estaría justificada la ayuda directa a los más necesitados.

Los anteriores son solo algunos de los programas impulsados por el gobierno. Se sabe que hay otros, como "Ciudad Mujer", todavía sin evaluaciones de costo-beneficio, que algún valor deben tener a juzgar por la cantidad de reconocimientos internacionales recibidos. Pero más que sus programas, lo que puede reconocerse como bueno en el gobierno actual es el esfuerzo de ayuda a los más necesitados en algunas de sus dependencias.

En el área de salud, por ejemplo, puede destacarse la creación y el sostenimiento de más de 500 equipos comunitarios (ECOS) familiares y especializados que funcionan en 164 municipios. Aunque estos no sean exactamente una novedad de la actual administración, aunque no haya habido un cambio para bien en la administración del ISSS y aunque hayan persistido graves problemas como el desabastecimiento de medicinas en los hospitales del sector, debe reconocerse el empeño de acercar el vital servicio a los pobladores más pobres de las áreas rurales.

De la misma manera, en el sector de Obras Públicas, aparte de las grandes obras -pocas en este período- ha sido encomiable el esfuerzo en obras de prevención de riesgos, como la mitigación en 400 cárcavas, casi la mitad de las que están registradas a nivel nacional. Este silencioso pero vital servicio a decenas de miles de pobladores de las zonas marginales también ha expresado una voluntad de aliviar las angustias de los más necesitados.

Seguramente no ha sido este un gobierno que se haya distinguido por la eficacia en su administración. Tal vez haya equivocado el enfoque de superación de la pobreza. Tal vez se ha dedicado más a cosas pequeñas en perjuicio de las grandes. Tal vez habría beneficiado a más gente facilitando la creación de empleos, o abasteciendo los hospitales, o mejorando el Seguro Social, o construyendo más y mejores viviendas en vez de entregar tantos paquetes. Eso será siempre materia de discusión, pero no se podrá negar al gobierno su vocación de servicio social.

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