Rara vez en la historia se han producido insurrecciones a escala nacional o guerras civiles por causas económicas. La pobreza, sobre todo en situaciones de extrema inequidad o en casos de explotación laboral degradante, puede haber alimentado los ánimos de protesta y las filas de la rebelión en muchos casos, pero siempre han sido factores políticos los determinantes y los detonantes en los estallidos más violentos.

El conflicto armado en El Salvador no fue la excepción. Al contrario, fue un ejemplo de manual, tras décadas de regímenes autoritarios, cierre de espacios políticos, obstrucción de los conductos democráticos y represión violenta de las protestas populares. En tal escenario, la mayor parte de las libertades públicas estaban conculcadas, comenzando por la libertad de expresión y la libertad de asociación y la libertad del sufragio.

La represión afectaba en mucha mayor medida a los dirigentes y activistas de oposición. Ellos eran los que en mayor medida soportaban la persecución, la prisión, las torturas y otras formas de violencia política. La gente, en general, tenía algún nivel de conciencia política, pero no sufría en carne propia la represión y no alcanzaba a ver con claridad la determinación de las élites en el sentido de evitar a cualquier precio la alternancia en el ejercicio del poder. Por eso fueron tan importantes los fraudes electorales de los años setenta, especialmente el de marzo de 1972, porque le dejaron claro a amplios sectores que estaban agotados los métodos democráticos para luchar por el cambio en el país.

Muchos de los jóvenes que van a votar por primera vez dentro de dos meses estaban recién nacidos cuando se estaban organizando en 1993 las primeras elecciones de la posguerra. Desde entonces se han realizado seis elecciones de diputados y alcaldes y cuatro elecciones presidenciales, todas ellas con muy altos niveles de normalidad, de transparencia, de tranquilidad y de credibilidad. Eso es lo que han visto a lo largo de toda su corta vida, y sería comprensible si piensan que las cosas siempre fueron así. A ellos se les disculpa que no vean bien lo que ha cambiado el país en los últimos 20 años, a partir del Acuerdo de Paz. A otros no.

Los más jóvenes no están obligados a saber que hubo tiempos en que los paramilitares del régimen, machete en mano, rodeaban los centros de votación en las zonas rurales, en abierta intimidación a los campesinos; tiempos en que los partidos de izquierda no podían participar en las elecciones; tiempos en que la ley mandaba que las urnas fueran transparentes y estuvieran a la vista de las juntas receptoras de votos; tiempos en que los partidos tenían derechos muy limitados de vigilancia del proceso; tiempos en los que el relleno de urnas era casi normal; tiempos en los que la autoridad era un Consejo Central de Elecciones integrado por tres miembros que respondían al Poder Ejecutivo y, por tanto, al partido de gobierno; tiempos en los que se votaba con documentos de identidad obsoletos cuya emisión no tenía ni las más elementales garantías de seguridad.

De allí venimos, y no cuesta mucho trabajo llegar a la conclusión de que en la reforma del sistema político, y de manera especial en la reforma del sistema electoral, estaba en juego ni más ni menos que la legitimidad del poder. Luego podría faltar legitimidad al poder por su ejercicio, en la medida en que los gobernantes o los diputados abusaran de sus posiciones, violaran las leyes o traicionaran la voluntad popular, pero estos serían problemas de naturaleza diferente. Lo que primero se debía garantizar, sin duda alguna, era la legitimidad en el sentido de que el poder no fuera impuesto, que no naciera del fraude, de la intimidación, de la represión, de la trampa en la organización de los comicios, sino que emanara de la voluntad de los ciudadanos expresada en elecciones libres y limpias.

A eso se dedicó un gran esfuerzo en los meses posteriores a la firma del Acuerdo de Paz, comenzando por la validación de cientos de miles de solicitudes de inscripción en el registro electoral. En ese período de organización, hasta la realización de las elecciones de 1994, ONUSAL llegó a destacar hasta 900 observadores internacionales que no dejaron de visitar ni uno solo de los 262 municipios del país. En la seriedad y en la conformidad de todas las fuerzas políticas con la limpieza de ese proceso se asentó un largo período de credibilidad en materia electoral.

Cuando en 2006 se presentó una situación apretada y peligrosa en la disputa por la alcaldía de San Salvador, el sistema y las autoridades respondieron con una lección de democracia que convirtió una probable mancha en marca de fortaleza y de credibilidad. Ante la duda y los reclamos de la oposición del FMLN se abrieron los paquetes electorales, se contaron de nuevo los votos y se resolvieron las impugnaciones a la luz del día, en presencia de todos los medios de comunicación.

Tal vez los partidos mayoritarios hayan tenido en algún momento la tentación de manipular las instancias o los procesos electorales. Completamente libres de pecado no están. El decreto 841 promulgado en octubre de 2005, modificó de manera transitoria la mayoría requerida para funciones tan importantes como el nombramiento y organización de las Juntas Electorales a nivel municipal y departamental. Ese fue pecado de ARENA. Los decretos 316 y 669 impulsaron reformas muy peligrosas a la ley orgánica del Registro Electoral y a las atribuciones de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Estos fueron pecados del FMLN. En todas las situaciones, sin embargo, prevaleció al final la sensatez y el sentido auténtico de la ley..

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