Algunas simplificaciones de procesos políticos complejos resultan útiles, didácticas, ocurrentes y hasta brillantes. Pero a condición de que no perdamos de vista que son simplificaciones. Hace poco tiempo, en una de estas conmemoraciones del Acuerdo de Paz, escuché a uno de mis compañeros negociadores, palabras de más o de menos, el siguiente apotegma: en esencia la paz consistió en decirle al FMLN: puede hacer política, pero sin armas; y a la Fuerza Armada: puede conservar las armas, pero sin hacer política.

Desde el punto de vista de la reforma del sistema político, tanto el factor de inclusión del contingente de izquierda, como el factor de remoción del poder hipertrofiado de la Fuerza Armada resultaron esenciales, aunque los acuerdos hicieron mucho más que poner a cada uno en su lugar. Desde el punto de vista de las concesiones que tuvieron que hacer las partes beligerantes, el retruécano de la política y las armas expresó con bastante precisión la situación..

El problema estaba en que esos compromisos de renunciar a las armas o renunciar a la política, aparentemente tan obvios para el funcionamiento normal de cualquier democracia, eran extremadamente difíciles de asumir y de cumplir después de varias décadas de regímenes militares o de gobiernos civiles con fuerte predominio del estamento militar.

A la Fuerza Armada, sobre todo a los más altos oficiales que habían gozado de tantos poderes y privilegios en el pasado, nunca le hizo gracia la negociación, y menos el Acuerdo. Ahora, la Fuerza Armada se siente cómoda y goza de una legitimidad social sin precedentes. Ya no es el blanco del repudio popular. Ya no es el centro de ataques de ninguna fuerza política. Ya no es el epicentro de los temblores políticos en El Salvador. Ahora es motivo de orgullo nacional. Su actuación se enmarca, con ejemplar profesionalismo y disciplina, en la doctrina y en la misión institucional establecida en el Acuerdo de Paz. Pero en aquel momento las resistencias al cambio fueron descomunales.

Al final, la Fuerza Armada recibió un nuevo mandato constitucional, aceptó nuevos principios doctrinarios y nuevo sistema educativo, experimentó una depuración sin precedentes, sobre todo en el estamento de sus mandos superiores, redujo sus efectivos, unidades y estructuras, se sometió al señalamiento público y a la condena moral por las atrocidades del pasado a través del informe de la Comisión de la Verdad, perdió el control de la seguridad pública, se desmantelaron todas sus organizaciones paramilitares, se suprimió el reclutamiento forzoso, se modificó el régimen de reservas y se abolió el aparato de inteligencia que en el pasado se había volcado hacia la represión de la oposición política.

Algunos de estos compromisos resultaron muy amargos para los jefes militares. En particular el de la depuración. Pasada la fecha establecida del 15 de diciembre de 1992, el Secretario General de Naciones Unidas tuvo que informar al Consejo de Seguridad que el gobierno aún no cumplía a cabalidad con este acuerdo. Tres meses después, el 2 de abril, nueva carta del Secretario en referencia a la situación de 15 de los 103 oficiales a los que debían aplicarse las recomendaciones de la Comisión Ad hoc. Cristiani ofreció colocarlos en situación de licencia con goce de sueldo a más tardar el 30 de junio para darles la baja definitiva el último día de diciembre, un año después de la fecha original.

El FMLN también atrasó todo lo que pudo el cumplimiento de sus compromisos de desmovilización y de desarme, alegando comprensibles desconfianzas y retrasos en el cumplimiento de otros acuerdos. Ahora se dice rápido, como si aquello consistió en soplar y hacer botellas, pero la verdad es que el Frente aún tenía mucha fuerza militar a la hora del cese del enfrentamiento armado, y algunos de sus comandantes y combatientes no estaban convencidos de la conveniencia de emprender ese camino sin retorno.

ONUSAL llegó a emitir 8,430 certificados de desmovilización a ex combatientes del FMLN. Algunos eran lisiados de guerra y no todos eran guerrilleros de fuerzas especiales con niveles superiores de entrenamiento y experiencia, pero era un contingente que no se podía desmovilizar tan fácilmente sin una voluntad política y un extraordinario ascendiente de los mandos del Frente.

Después de informes iniciales que no dijeron toda la verdad a los funcionarios de Naciones Unidas, y de forzadas entregas posteriores de armamento, el recuento final de armas que el FMLN tenía al terminar la guerra incluyó 10,230 armas individuales, incluyendo casi 400 armas de apoyo (cohetes, ametralladoras, lanzagranadas), más de 4 millones de balas de diferentes calibres, casi 10,000 granadas, 140 cohetes, más de 5,000 kilogramos de explosivos y 74 misiles tierra-aire.

De allí el inmenso valor, visto en perspectiva histórica, del pronunciamiento de la Comisión Política del FMLN el 16 de agosto de 1993 en el que declaró sin ambages: "hemos reafirmado nuestra total conformidad con el proceso de paz y democracia iniciado con la firma de los acuerdos. La lucha armada quedó atrás, la hemos abandonado totalmente y no la consideramos válida en esta nueva etapa".

Desde aquellos días, la renuncia de los guerrilleros a las armas ha tenido muy pocas manchas. El caso del asesinato con armas de fuego de dos agentes del orden público, durante una manifestación de protesta en los linderos de la Universidad de El Salvador en julio de 2006 produjo algunas inquietudes por probables vínculos políticos de los hechores, pero el Frente reiteró enfáticamente que "ningún individuo o grupo, cualesquiera sean las ideas que profese, tiene justificación o derecho de emplear armas y métodos violentos proscritos por la Constitución". En este sentido, tanto la Fuerza Armada como el FMLN han sido verdaderos baluartes de la paz.