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PAOLO LÜERS - 15 enero 2013

Paz significa devolver al pueblo el poder secuestrado por las armas
         
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Cada vez que nos acercamos a otro aniversario de los Acuerdos de Paz comienza a sonar un concierto de loros repitiendo que necesitamos unos nuevos acuerdos de paz. Dicen que los del 1992 no han resuelto los problemas estructurales del país y exigen a las fuerzas políticas que los resuelvan en una segunda edición de acuerdos. Dentro de este concierto siempre hay quienes lamentan a gritos: ¿Cómo es posible que fuimos capaces a ponernos de acuerdo para poner fin a una guerra - y hoy no encontramos consensos sobre cómo poner fin a la inseguridad ciudadana, sobre el rumbo de nuestra economía, sobre un pacto fiscal, etcétera, etcétera...?

Con todo respeto a los personajes que año por año adornan nuestro aniversario de la paz con sus discursos: Todo esto es una gran paja mental. Los Acuerdos de Paz eran posibles de pactar y luego cumplir, precisamente porque se limitaron a definir las reglas del juego y NO trataron de resolver entre las dos partes beligerantes los problemas nacionales. Había que habilitar la democracia, para que a partir de esta fecha los problemas del país sean resueltos democráticamente. Las mesas de negociación y los pactos que de ahí emanan, por definición, no son muy democráticos. La responsabilidad de las partes beligerantes era terminar la guerra y definir las reglas de la pos-guerra. Y en el fondo era: devolver al pueblo la responsabilidad sobre todo el resto.

Aunque cada año hay quienes lamentan que los Acuerdos de Paz dejaron un gran vacío al no incluir acuerdos para resolver el problema de la pobreza y de la justicia social, la lógica es al revés: Era totalmente lógico que los Acuerdos de Paz se limitaran a crear nuevas reglas para el funcionamiento del Estado: un rol diferente de la Fuerza Armada, la independencia del sistema judicial, una nueva policía y una Procuraduría de Derechos Humanos, una nueva concepción de seguridad pública, apertura de espacio para que la guerrilla se convierta en partido político, libertad de expresión y de organización...

Se trataba de diseñar un sistema político con las libertades, los controles y los pesos y contrapesos indispensables para que los ciudadanos y sus organizaciones políticas y sociales, en el libre ejercicio de la democracia, podían comenzar a definir y ejercer políticas públicas para resolver los problemas del país. La democracia no depende de la capacidad de los partidos de dialogar y ponerse de acuerdo entre ellos, sino de la capacidad de cada uno de los partidos que están compitiendo de dialogar con la ciudadanía.

El país, para salir de la guerra y llegar a un sistema político incluyente y plural, necesitaba amplios consensos sobre las reglas del juego, o sea una reforma institucional profunda. Esta era la tarea histórica de las negociaciones de paz que en el fondo eran negociaciones sobre la transición democrática. Y darles a los negociadores este poder sólo se justificaba porque precisamente no existía una democracia que permitía al pueblo resolver su problema. Las negociaciones de la transición empezaron cuando con ARENA los poderes fácticos del país asumieron el gobierno y se constituyeron como contrapartes de los insurgentes.

Había que definir las reglas de la democracia y del pluralismo político. Ni menos, pero tampoco más. Es una concepción en el fondo antidemocrática pensar que las partes, una vez sentadas en la mesa de negociación, pactaran el modelo económico, las políticas sociales, una reforma fiscal y tributaria, etc. Es absurdo y autoritario pensar que estas políticas y reformas debían nacer en mesas de negociación. Esto no debía pasar en 1992 entre fuerzas beligerantes armadas - y tampoco debe pasar ahora entre los dos partidos mayoritarios que surgieron de la guerra y del proceso de paz.

Para avanzar en salud, educación, renovación tecnológica, infraestructura, productividad no necesitamos mesas de negociación. Necesitamos la garantía que la democracia, sus instituciones y sus procesos de decisión funcionen libremente, con los controles adecuados y los contrapesos necesarios. Los dos partidos mayoritarios no tienen porque coincidir y pactar sobre los grandes problemas como educación o reactivación económica. Necesitan coincidir en el respeto irrestricto e incondicional a las reglas del juego, o sea la institucionalidad democrática. Si esta funciona y es respetada, las grandes decisiones las toman los partidos políticos y los ciudadanos en el ejercicio de la competencia partidaria, del debate público y de elecciones libres. Punto.

Para que esto funcione plenamente, hay que desarrollar la transparencia de toda gestión pública, la participación ciudadana en el debate público y en la controlaría social, la libertad de expresión... Este es el camino, no la instalación de mesas de diálogo, de concertación, de negociación y de tantas otras farsas que los diferentes presidentes se han inventado para esconder su incapacidad de desarrollar políticas públicas aceptadas y avalados por la población.

Lo que hay es preciso hoy, en este nuevo aniversario de los Acuerdos de Paz, es reafirmar nuestro compromiso de cuidar, defender y llenar de vida las reglas del juego, la institucionalidad del país. Esto no se hace creando ilusiones y distracciones hablando pomposamente, pero sin contenido concreto, de una 'segunda generación de acuerdos', de la 'refundación pendiente de la República', de 'el cambio'. Todo esto ya lo hicimos con la guerra y con la paz. Lo cumplimos. Hicimos el cambio histórico, refundamos la República, definimos nuevas reglas para la vida democrática en una sociedad plural. Hoy hay que atreverse a plenamente aplicar esta democracia. No en mesas de negociación sino en permanente debate entre ciudadanos.

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