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MIGUEL LACAYO - 29 abril 2013

Caso LaGeo: ¿Lesividad o cortina de humo?
         
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Los que critican o cuestionan el contrato entre Enel y CEL y lo catalogan como "lesivo" a los intereses del país, lo hacen por razones políticas; han sido contratados para expresar dicha opinión o, sencillamente, desconocen el contenido del mismo. En general, resulta evidente que la mayoría de los que opinan desconocen el positivo impacto que dicho contrato ha tenido en el patrimonio del Estado. Ninguno de los críticos ha sido especifico explicando de qué forma este contrato daña o impacta negativamente el patrimonio del estado o a los salvadoreños. Dicen que es "lesivo" pero no explican cómo, ni por qué, todo se queda en argumentos vaporosos. Este contrato y su proceso de ejecución, que fue público y transparente, muy lejos de ser lesivo, ha generado grandes beneficios para el país, tanto en materia de generación de energía limpia, renovable y barata, así como en generación de empleo, transferencia de tecnología y conocimiento técnico. Además, ha significado cuantiosa generación de riqueza para el Estado, a pesar del cuestionable manejo de LaGeo en los gobiernos de Saca y Funes.

Para que un contrato sea lesivo para el Estado, este debe hacer daño, causar detrimento al patrimonio del país, o tener consecuencias negativas para los ciudadanos. Lo que ha generado este contrato es todo lo contrario. Partamos de que antes de que Enel invirtiera en este asocio publico privado, LaGeo tenía pérdidas económicas y generaba unos 900 GWh de energía al año. Luego de que Enel entra como socio estratégico de LaGeo, esta incrementa su generación en 50% a 1,400 GWh, se convierte en una empresa rentable, genera más de $100 millones en impuesto de la renta para el gobierno y reparte mas de $200 millones en dividendos, de los cuales el gobierno ha tomado cerca de dos tercios. Con la inyección de experticia internacional LaGeo extendió la vida útil de los pozos geotérmicos mediante un manejo más tecnificado que incluyó la reinyección de agua a los mismos.

Además, llevó a cabo importantes mejoras medio ambientales entre las que destaca que ahora LaGeo no bota agua proveniente del vapor al Océano Pacifico como lo hacía antes. Beneficios concretos para los cuales el Estado no hizo inversión alguna, más que lo que invirtió buscando al socio estratégico. Beneficios atribuibles a Enel que no se pueden tapar con una cortina de humo.

Se cuestiona el precio al que se vendió la participación de la LaGeo a pesar de que Enel pagó más de lo que se estableció como mínimo con el asesor financiero, Deutch Bank Securities. LaGeo se valuó en $115 millones cuando se buscaba el socio estratégico. Pero cuando Enel hace la oferta, a cambio de las inversiones estipuladas en el contrato, solicita acciones equivalentes a solo el 8.5% de la empresa, a pesar de que con el asesor financiero CEL había establecido entregar hasta un 11%. Enel pagó un premio del 29% por sus acciones.

Este contrato que tanto han criticado diputados y funcionarios del gobierno no fue nunca cuestionado ni por el Presidente de CEL, Nicolás Salume, ni por el Presidente Tony Saca. Si lo consideraban lesivo para el Estado, tuvieron oportunidad durante varios años de denunciarlo, y no lo hicieron. Callaron. Pero además de no cuestionar el contrato, lo incumplieron. Luego el Presidente Funes siguiendo el ejemplo de su antecesor, tampoco cuestionó el contrato. Se sometió el gobierno a un arbitraje para dirimir la diferencia derivada de la interpretación de tan solo una cláusula del contrato, no del resto. Al hacer esto, tácitamente el gobierno aceptó el contrato como válido. No es hasta que el gobierno actual pierde el arbitraje en dos instancias internacionales independientes (luego de gastar más de $10 millones en el arbitraje defendiendo posturas indefendibles) que Funes cuestiona el contrato por primera vez. Inclusive el árbitro nombrado por el gobierno de El Salvador le dio la razón a Enel. Al tener todo en contra es que Funes comienza a denunciar, señalar con su dedo acusatorio y proferir ofensas sin sustento técnico ni legal que respalden su reparto de culpas imaginarias.

Se dice que el Estado en este contrato, al darle el derecho preferente para invertir al socio internacional, perdía la posibilidad de invertir en LaGeo y llegaría eventualmente a tener muy poca participación en esta estratégica empresa. Pero quienes lo dicen no leyeron el artículo 13 del contrato, o no entienden su contenido. Este artículo le da poder de veto al socio minoritario para todas las decisiones de importante envergadura, tales como cualquier inversión de más de $750,000 o venta de cualquier activo por más de $100,000, montos relativamente pequeños dada la naturaleza del negocio de generación de energía geotérmica. Por lo tanto, el Estado, aun como socio minoritario, lógicamente, y de forma aceptable podría condicionar cualquier inversión importante a su participación en la misma y conservar de este modo una participación significativa en la entidad. Con esta cláusula se muere el falso argumento de la soberanía nacional. Los potenciales inversionistas exigían tener la posibilidad de alcanzar mayoría accionaria, pero en ningún caso les interesaba sacar al gobierno de la empresa y, en todo caso, el poder de veto le daba el poder al minoritario para impedirlo.

El supuesto riesgo de "perder LaGeo" no existe.

Se ha dicho que el inversionista podría abusar subiendo el precio de la energía que vende LaGeo. No obstante, en actas de Junta Directiva de LaGeo, el inversionista, Enel, ha dejado manifiesto su deseo de que LaGeo venda la energía a precios razonables, más bajos que los actuales. En efecto, lo que ha pasado es que el gobierno actual, controlando la mayoría de acciones y con su gente al frente de LaGeo, está vendiéndole a los salvadoreños la energía más cara de la historia. El gobierno abusa al vender esta con un sobre precio de $150 millones al año, cantidad que sale del bolsillo de los salvadoreños y de la cual el gobierno no da cuentas claras.

En el fondo, Funes no quiere reconocer el carísimo error de manejar pésimamente el contrato y la relación con Enel. Hoy a Enel tienen que pagarle $2.5 millones que Enel gastó para ganar el caso; entregarle las acciones de LaGeo que le corresponden y pagarle los dividendos que a la fecha el gobierno ha tomado como suyos y que suman a la fecha más de $40 millones. Muy mal manejo de Funes, por lo que hoy quiere lavarse las manos y dejarle la papa caliente al próximo gobierno. Funes no quiere aceptar ni reconocer este error de más de $50 millones. ¿Y qué hace Funes en esta circunstancia? En lugar de dar respuestas, hace lo que ha hecho por los últimos 25 años: acusar, señalar y desacreditar a terceros.

Hay preguntas que aun no contestan Tony Saca ni Mauricio Funes en relación a este caso. Aunque no existía ninguna razón legal, económica, lógica, ni técnica para que la CEL (entidad auditada por la Corte de Cuentas) le pasara sus acciones de LaGeo a la empresa INE, S.A de C.V. (entidad no auditada por la Corte) el gobierno de Tony Saca lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no dejar que los millonarios dividendos simplemente siguieran llegando a la CEL? ¿Quién controla los millones que recibe esa empresa privada no fiscalizada? ¿Cuándo van a dar cuentas de los millones que ha recibido la INE como dividendos provenientes de LaGeo y que parece que nunca llegaron a la CEL ni al Ministerio de Hacienda? ¿Dónde están esos millones? Estas preguntas no las ha logrado tapar el Presidente con sus cortinas de humo, más bien su berrinche en el tema de LaGeo solo avivó las llamas de un fuego que parece más bien podría terminar quemando a su gobierno y al de su antecesor.

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