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MIGUEL LACAYO - 26 noviembre 2012

Nuevo impuesto castigará a las remesas
         
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El Gobierno Central presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de impuesto a las transacciones financieras que tendría una repercusión negativa sobre amplios sectores de la población. Pretenden cargar las transacciones financieras con un impuesto del 0.25% o $2.50 por cada $1,000 sobre el valor pagado con cualquier cheque o a través de transferencias electrónicas. Esto pareciera no afectar a la población más humilde que no tiene chequera, pero en efecto impactará el costo de vida y terminará frenando aun más la débil economía.

Se trata de un incremento disfrazado al impuesto sobre la renta, inclusive para aquellos que no tienen actividad generadora de ISR, el cual tendrá que pagar toda la población. Este nuevo impuesto encarecería las remesas, las importaciones, las exportaciones, los créditos, los arrendamientos, el costo del servicio bancario, y toda actividad comercial lícita, además de promover el uso de efectivo, fomentando la informalidad. Este impuesto castiga todos los estratos de la población, no solo a la clase media y alta, como han dicho funcionarios del gobierno. Por supuesto que los habituales evasores y el sector informal seguirá operando con efectivo y, ahora con mayor razón, no pagará nada. Pagaremos más los mismos.

Este impuesto encarecería las remesas. Los agentes entregan remesas directamente a salvadoreños y 24 horas después la empresa remesadora local respectiva se los reembolsa. Si el agente, por ejemplo, entrega $10,000 en remesas, el impuesto correspondiente seria de $25, y el banco se los cargaría a la cuenta de la empresa remesadora cuando esta le pague al agente. Por lo tanto, toda remesa generará un impuesto que será trasladado a los receptores de las remesas, quienes son primordialmente de bajos ingresos. Es decir, más de un 1 millón de salvadoreños pagarían este impuesto mensualmente. El que reciba una remesa de $200 pagaría $0.50 dólar de impuesto.

El impuesto encarecería todo préstamo con una tasa por desembolso de 0.25%. Para los créditos rotativos con desembolsos semestrales el impuesto equivale a un incremento anual del 0.5% en el costo. Encarece aun más los créditos de corto plazo que usa la pequeña y micro empresa.

Encarece el uso de tarjetas de crédito, pues aunque los pagos con estas no serían gravables, el pago del tarjetahabiente al banco que emitió la tarjeta sí sería. Si usted mensualmente compra $200 con su tarjeta de crédito y le paga al banco con un cheque de $200, el banco le cargara a su cuenta $0.50 cada vez, equivalente a $6 al año, lo que le encarece el crédito en 3% anualmente. Similarmente, el impuesto encarecería el 100% de las importaciones ya que estas se pagan con cheque o con transferencia, encareciendo el costo de todo lo importado.

Le ley generaría una costosa y complicada carga administrativa a los bancos y les generaría a estos miles de reclamos, ya sea por errores o porque la gente no entendería como le cargan este impuesto. Estos costos los bancos los terminan trasladando a los usuarios, pues no hay almuerzo gratis. Además, todos tendremos problema cuadrando la chequera no solo por lo difícil de entender y aplicar la ley, pero más aun por la forma ambigua en que está redactada, prestándose para que exista duplicidad en el pago del mismo impuesto.

Este impuesto no es acreditable al impuesto sobre la renta, es adicional. Es un incremento disfrazado del ISR. Las empresas formales que están solventes con Hacienda y que pagan impuesto, estarían pagando este impuesto adicional, incrementando la real tasa de impuesto sobre la renta. Además, castiga desproporcionalmente a negocios de bajo margen como comercializadores de tarjetas de recarga telefónica, mayoristas de productos de consumo popular, supermercados, y gasolineras. Sin duda quebrando algunos de ellos.

La propuesta podría modificarse para que este impuesto lo paguen solo los informales que no están solventes con Hacienda, pero el espíritu de la ley propuesta es todo lo contrario, gravar a los formales que sí pagamos impuestos. De no modificarse, esta ley, mal hecha y sumamente dañina, será otro desatino de este Gobierno. Es otra ley en la que saldría el tiro por la culata, castigando a la clase trabajadora. Ojalá recapacite el gobierno y los diputados no aprueben esta ley para no dañar de forma tan abrumadora a la población trabajadora.

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