El actual Gobierno está tomando ventaja de los ahorros de los trabajadores salvadoreños pagando tasas de interés que no alcanzan ni a cubrir la inflación actual, reduciendo las ganancias de los fondos de pensión de los salvadoreños, en perjuicio de los ahorros de cerca de los 2 millones de cotizantes activos en el sistema de pensiones. Como en muchos otros sectores, el Gobierno del cambio ha infiltrado el sistema de pensiones, causándole a la fecha un notable deterioro en sus rendimientos, lo que en el futuro afectará la dignidad de las pensiones de los trabajadores.

El actual sistema privado de pensiones nació en 1998 con el objeto de corregir los errores del pasado, basándose de forma transparente y eficientemente en cuentas individuales administradas por empresas especializadas y privadas (AFPS) en lugar de cuentas generales de ahorro mal administradas y a las que el gobierno podía echar mano sin dar cuentas a nadie. El sistema previo no era ni transparente ni seguro; los trabajadores y empresas contribuían periódicamente pero a la hora de que el ciudadano se jubilaba no se contaba con suficientes reservas para hacer frente a las obligaciones y pagos de las pensiones.

El rol de Estado en el nuevo sistema se limitó a ser subsidiario, únicamente garantizando pensión mínima a aquellas personas cuyo nivel de ahorro individual no les permitía llegar al monto necesario para dicha pensión mínima. El nuevo sistema se concibe además como un desarrollador natural del mercado de capitales, invirtiendo el ahorro de los salvadoreños en proyectos productivos en el país, creando así un círculo virtuoso en el que las pensiones futuras de los actuales trabajadores se fortalecieran con los rendimientos (ganancias) de los proyectos en que sus ahorros se invirtieran, proyectos que a su vez producirían nuevas fuentes de empleo que permitieran que hubiera más trabajadores ahorrando. El modelo como se concibió en 1998 ha sido exitoso, acumulando a la fecha más de US$6,000 millones en ahorros más sus ganancias, superando con creces los activos que en su momento llegó a administrar el previo sistema público de retiro.

El gobierno del Cambio ha emitido títulos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), los cuales deben de representar, con base en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, un máximo del 30% de los fondos de pensiones. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas publicadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, las inversiones en estos títulos ascienden hoy día a más del 50% de los portafolios de pensiones, en desacato a lo establecido por la Ley, y curiosamente, sin mayor protesto por parte de esa misma Superintendencia. Se está violando la Ley y nadie dice nada.

El abuso de este Gobierno en la emisión de estos títulos, denominados Certificados de Inversión Previsional o CIPs, se explica al conocer las tasas de interés que estos pagan a los trabajadores salvadoreños, las cuales son del 1.50% anual aproximadamente, menor inclusive al nivel de inflación actual. El Gobierno le paga 1.5% a los trabajadores mientras le paga más del 6% a inversionistas internacionales. Vaya ganga.

Sorprende además que ahora quieren legalizar esta ilegalidad y abuso. El Ministro de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa este pasado 24 de febrero una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones para aumentar el límite de inversión en CIPs a un 50% de los portafolios, y, peor aún, obligar a las AFP a que inviertan los ahorros de los trabajadores en estos CIPs. De esta forma, el Gobierno del cambio contaría con financiamiento subsidiado por los trabajadores, pagando tasas abusivas a los mismos trabajadores que en la campaña política se jactaron en defender. Las bajas tasas de interés que el Gobierno del Cambio paga al usar estos ahorros se reflejarán en menores ahorros acumulados y menores pensiones para los trabajadores el día de su respectivo retiro. El Cambio llegó a las Pensiones y, como es regla general, ese cambio fue para retroceder y dañar a los que supuestamente deben servir.