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JOAQUÍN SAMAYOA - 05 abril 2013

La cuestión de fondo
         
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ARENA ha sufrido una nueva baja o fuga o deserción o traición, como quieran llamarla. De 33 diputados que le dieron los votantes, se ha quedado con 28. Con la renuncia de la diputada Ramírez (Santa Ana) ARENA vuelve a ser una fracción legislativa irrelevante. No era necesaria para hacer mayoría simple y ahora tampoco lo es para alcanzar mayoría calificada. Por la vía del transfuguismo se ha repetido nuevamente lo que había ocurrido en la anterior legislatura, cuando una deserción masiva la despojó del poder obtenido en las elecciones.

En pocas palabras, por la voluntad y decisión de una sola persona, se quiebra el balance de poder que había resultado de la suma de voluntades de todos los ciudadanos. Eso es, de por sí muy grave, independientemente de los motivos o incentivos que explican las deserciones partidarias, porque entonces la democracia se vuelve una farsa.

Si además fuera cierto lo que ARENA alega y lo que muchos sospechan, entonces la cosa es mucho más grave. Si la ley electoral considera delito que un ciudadano venda su voto, ¿No es acaso un delito inconmensurablemente más grave que un diputado venda los votos de cientos de miles de ciudadanos?

La defensa que la diputada Ramírez hace de su decisión de repudiar en este momento a su partido es poco creíble. Las críticas que le hace a ARENA no dicen nada nuevo. Son cuestiones de las que son igualmente culpables todos los demás partidos. Son cosas que ARENA ya hacía o dejaba de hacer cuando la diputada aceptó ser candidata de ese partido, cuando aceptó que ese partido financiara su campaña.

A una persona que ostenta, en su propia defensa, una larga trayectoria de militancia arenera, desde los tiempos de fundación del partido, no se le puede creer que hasta ahora se dé cuenta de que es un partido dirigido por una cúpula que no hace mucho esfuerzo por tomar en consideración el sentir o los criterios de todos sus cuadros. A una persona con tanta experiencia política no se le puede creer que no entienda que un partido que no cuenta con los votos necesarios para hacer prevalecer su voluntad deba hacer concesiones en algunos momentos y circunstancias, como fue el caso de la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Podríamos comentar todas y cada una de las cosas que la diputada ha dicho en su defensa y el resultado sería siempre el mismo. No es convincente. Pero yo no voy a sumarme al coro de los que la acusan de haberse vendido y le recitan todos los insultos del catálogo. No conozco a la diputada y debo concederle al menos el beneficio de la duda. Bien puede ser simplemente que esté molesta porque alguien la ha tratado mal o la ha marginado. Puede ser que alguien le calentó la cabeza y la persuadió de hacer lo que hizo. No lo sé y no voy a entretenerme en especulaciones porque creo que el problema de fondo no es la decisión de esta diputada.

Es cierto que con el voto de ella la coalición gobiernista puede hacer y deshacer a su antojo. Es el voto que faltaba para alcanzar la cifra mágica. Pero la última gota no es la única responsable del rebalse. No sería mayor problema que un diputado se separe de la línea de su partido o del que fue su partido, si todos los diputados lo hicieran en una u otra ocasión apegándose al mandato constitucional de responderle al pueblo sobre cualquier otro interés o consideración.

Ya habrá tiempo para ver si esta diputada que hoy se declara independiente actúa realmente con independencia. Con sus propios actos dará validez o refutará las acusaciones que se le están haciendo. Pero en uno u otro caso prevalece el problema de fondo al que se enfrenta la institucionalidad democrática de nuestro país. Ese problema es la existencia de un bloque sospechosamente monolítico de partidos y diputados que conspira y corrompe para eliminar de nuestro sistema político el balance de poderes y el control efectivo del comportamiento de los funcionarios del Estado.

Sabemos que hay gente sana en FMLN, PDC, PCN y tal vez también en GANA. Pero han sido cobardes y sumisos. Las decisiones legislativas más nefastas que se han tomado y las que se pudieran tomar no se logran sólo gracias al voto de los tránsfugas, sino también con el voto de los que se abstienen de defender sus principios y prefieren asegurar el cobijo partidario que asumir los riesgos y los costos de la libertad.

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