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JOAQUÍN SAMAYOA - 14 diciembre 2012

La confianza en las instituciones
         
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Los resultados de la encuesta del IUDOP (UCA) publicados esta semana revelan datos muy significativos, que lamentablemente han pasado casi inadvertidos, sobre la confianza de los ciudadanos en las principales instituciones del Estado salvadoreño.

Aunque la confianza es un producto subjetivo que se fundamenta en el conocimiento (muchas veces incompleto o distorsionado) y en las valoraciones (afectadas en mayor o menor medida por expectativas y visiones ideológicas), es también un buen reflejo de la realidad y un importante componente de la legitimidad de un ordenamiento jurídico, político y social. Ya que la referida encuesta proyecta los niveles de confianza de todo el conglomerado social y no de unos pocos individuos o sectores, sus resultados deben tomarse como un llamado de atención, en este caso, sobre el deterioro de la legitimidad institucional.

Dentro del grupo de instituciones no gubernamentales, aglutinando las respuestas de quienes afirman tener "algo" o "mucha" confianza en las mismas, los que salen mejor parados son la iglesia católica (54.6 %), las iglesias evangélicas (48.2 %) y los medios de comunicación (43.6 %). Los empresarios quedan en un distante último lugar en ese grupo con casi 20 % de opiniones favorables.

Pero más me interesa destacar y comentar sobre los últimos y los primeros entre las instituciones de gobierno (incluidos los tres poderes, el ministerio público, los gobiernos municipales y los partidos políticos).

Siempre aglutinando las respuestas de alguna o mucha confianza, los que gozan de menos confianza son los partidos políticos (16.1 %), la Asamblea Legislativa (17.2 %) y la Corte Suprema de Justicia (18 %); mientras que los más prestigiados frente a la población son la Fuerza Armada (49.8 %), las alcaldías (40.6 %) y el conjunto de instituciones del gobierno central (39.8 %).

Ninguno de estos resultados debiera causar extrañeza. Por el lado positivo, la Fuerza Armada aceptó una depuración profunda saliendo de la guerra, aceptó subordinarse a la autoridad civil después de varias décadas de controlar absolutamente el poder político, emprendió una reestructuración y aceptó regirse por una nueva ley orgánica, redujo drásticamente el número de sus efectivos y también sus gastos, y renovó completamente su sistema educativo destacando la formación para el respeto de los derechos humanos en todas las modalidades y niveles de la educación de sus oficiales y tropa.

La misma encuesta de la UCA revela que el 98.4 % de los ciudadanos interrogados responde no haber sufrido ningún maltrato o abuso físico a lo largo del último año de parte de elementos de la Fuerza Armada. A pesar de que la Fuerza Armada se ha visto, por obediencia y sin buscarlo, involucrada en tareas de seguridad pública que la ponen en situaciones difíciles y en contacto cercano con la población civil, han sido muy pocas (y casi todas descartadas) las denuncias de algún maltrato en el registro de visitantes a los centros penales.

Algunos crímenes atroces cometidos por oficiales y soldados durante el conflicto no fueron debidamente investigados ni castigados y la Fuerza Armada todavía honra como héroes a personas señaladas en graves violaciones de los derechos humanos en aquellos años de locura, pero es innegable que la Fuerza Armada se ha empeñado en dejar atrás toda práctica moralmente objetable y ha sabido responder muy ejemplarmente a las exigencias de la sociedad salvadoreña y del régimen democrático instaurado a partir de los Acuerdos de Paz. El pueblo le reconoce esos méritos.

Los siguientes mejores posicionamientos en el ranking de confianza institucional los ocupan, según la encuesta, el conjunto de alcaldías y el conjunto de instituciones del gobierno central. En esos conjuntos hay de todo, experiencias muy buenas y experiencias muy malas, pero en la conciencia ciudadana se reconocen las acciones y gestiones meritorias, las cuales demuestran que es posible hacer bien las cosas. En ese aspecto, se puede decir que vamos bien o, al menos, no vamos tan mal. Otras encuestas ofrecen información sobre las instituciones específicas que suben y las que bajan los promedios en las mediciones de confianza.

En los escalones más bajos de prestigio se encuentran los partidos políticos (16.1 %) y la Asamblea Legislativa (17.2 %), dos caras de la misma moneda. En marcado contraste con la Fuerza Armada, los partidos políticos son instituciones anquilosadas, instituciones que se resisten a cambiar. Mientras en la Fuerza Armada los grados y las responsabilidades se otorgan mediante un sistema estrictamente regulado y transparente de méritos en formación y desempeño; mientras la Fuerza Armada va renovando ordenadamente sus cuadros, los partidos políticos son refugio de dinosaurios, fortalezas impenetrables en las que el mérito de las personas no cuenta y los cargos de responsabilidad se reservan en demasiadas ocasiones para los más ineptos o los más pícaros.

En más de 20 años a partir de los acuerdos de paz, todavía no tenemos una ley de partidos políticos, todavía no hay transparencia en las negociaciones que hacen los partidos para tomar o impedir decisiones en la Asamblea Legislativa, todavía ese organismo muestra poco empeño en buscar las mejores soluciones mediante debates respetuosos y sustantivos; todavía los partidos y sus representaciones en la Asamblea siguen respondiendo a sus propios intereses y no a las aspiraciones y a la voluntad de los ciudadanos. Al subdesarrollo político han añadido últimamente una gran arrogancia. Por todo eso, ocupan merecidamente los últimos lugares en el aprecio y la confianza de los ciudadanos. ¿Hasta cuándo?

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