Estos árboles son enclenques y torcidos; no adornan ni dan sombra; sus frutos son amargos y salen ya podridos. Así son los legisladores que doblan a punto de quiebre el tronco y las ramas de nuestro ordenamiento jurídico, los que eliminan o neutralizan por venganza jurada a los jueces que actuaron con independencia y coraje, los que desprecian a quienes debieran representar y defender. Así son también, siento mucho decirlo, los que se prestan a esos peligrosos juegos políticos.

Excluyo de ese duro juicio a quienes hayan actuado de buena fe, a quienes habiendo analizado a profundidad las decisiones y sus consecuencias no alcanzan a comprender la impropiedad de sus acciones. Probablemente, y quisiera pensar que así ha sido, en esta categoría caen algunos de los elegidos y tal vez algunos de los que avalaron el chanchullo, que para ellos no fue tal, sino un simple ejercicio de sus atribuciones o de sus derechos.

Quiero pensar que, a pesar de legítimos cuestionamientos a un proceso amañado, los jueces y funcionarios que fueron electos en la última sesión plenaria de la actual legislatura actuarán con rectitud y buen juicio, sin sentirse obligados a pagar favores.

Tal vez no eran ellos los mejores, porque los diputados de GANA, FMLN y PCN no quisieron tomarse el tiempo necesario para analizar rigurosamente los méritos de otros candidatos y porque los procedimientos de selección están concebidos de forma que no se garantiza la idoneidad de los candidatos. Pero, igual, ya montados en el potro, todos los elegidos tienen la posibilidad y la obligación de hacer bien las cosas. Ya que no conozco a ninguno de ellos, les concedo el beneficio de la duda y les deseo éxitos para bien de El Salvador.

Pero más allá del juicio sobre las personas, a quienes conoceremos realmente por sus frutos, las actuaciones de los partidos políticos son susceptibles de juicio objetivo y sus dirigentes pueden tener la seguridad de que una cantidad cada vez mayor de ciudadanos de todas las condiciones sociales y niveles educativos están poniendo atención y elaborando criterio sobre la congruencia o discrepancia entre el discurso y las actuaciones políticas.

Dejando a un lado la dimensión legal, sobre la cual no puedo opinar con entera propiedad, sostengo que la elección prematura del Fiscal General y de los nuevos magistrados de la CSJ no era lo más conveniente para el fortalecimiento de la democracia ni lo más congruente con el espíritu de la legislación.

Hay una buena razón para que una misma legislatura haga una sola vez las elecciones de segundo grado que corresponden a su período. La idea es que la voluntad ciudadana, expresada cada tres años en la elección de diputados, se vea también reflejada en las elecciones de segundo grado. En esta ocasión, era particularmente importante respetar ese criterio porque la legislatura saliente, por obra y gracia de un golpe transfuguista, perdió tempranamente su legitimidad como expresión de la voluntad ciudadana.

La naturaleza viciada de la correlación partidaria en la actual legislatura agravó el error que ya se había cometido en otra legislatura en la que también hubo transfuguismo pero de menor impacto y por razones más claramente ideológicas, con menos sospecha de compra de voluntades. Igual fue un error hacerlo antes, pero un error que en modo alguno justifica hacerlo nuevamente, menos bajo el liderazgo de un partido que antes criticó duramente ese tipo de actuaciones y prometió además un cambio en la forma de hacer política.

Pero, bien, sean como hayan sido las cosas, este no es un capítulo ya cerrado de nuestra historia. Es un aprendizaje en todo sentido. Ha sido una buena oportunidad para conocer mejor, por sus frutos más que por sus palabras, a los diversos actores políticos. Afortunadamente ya no pueden esconderse tras banderas partidarias. Los ciudadanos estamos tomando nota de quién, con rostro, nombre y apellido, hace cosas que nos parecen correctas o cosas que nos parecen objetables.