El único resultado adverso habría sido el nombramiento de un civil que gozara de prestigio pero no fuera militante del FMLN. Con semejante designación, el FMLN se habría quedado sin el plato y sin la sopa; sin control de las instituciones y sin justificación para llevarle la contraria al presidente.
El FMLN sabe muy bien cómo tocar la guitarra presidencial. Aunque sería una apreciación altamente especulativa, uno se siente tentado a pensar que el FMLN en verdad quería a Munguía Payés y sabía que podía lograr su nombramiento fácilmente con sólo presionar públicamente al Presidente para que no lo nombrara.
La dirección del FMLN calcula que, de ahora en adelante, ya no paga costos en las encuestas de opinión o en las urnas si no hay una reducción sensible en los índices de criminalidad. Ese es el gran servicio que involuntariamente les presta un nuevo ministro cuyo nombramiento objetaron y aparentemente trataron de evitar. En buen salvadoreño, han matado su chucho a tiempo; han advertido anticipadamente lo que consideran un error y piensan que eso les exime ya de toda responsabilidad.
Pero sean como hayan sido las cosas, aun si el FMLN procedió con rectitud y transparencia al objetar el nombramiento del General, lo cierto es que no se vale confundir al pueblo con argumentos falaces; no se vale evadir la responsabilidad que tienen como partido de gobierno en la solución de los problemas que agobian a la población.
No es cierto que el nombramiento de un militar retirado viole en letra o espíritu la Constitución o los Acuerdos de Paz. Lo que claramente establecen ambos documentos es la separación de las funciones de seguridad pública y las de defensa de la soberanía nacional. Esa separación no se ve amenazada porque el ministro sea militar. Aunque fuera esa la intención de Munguía Payés, un ministro simplemente no puede hacer lo que le da la gana. Tenemos leyes e instituciones que se lo impedirían.
Tampoco es cierto que esté amenazada la subordinación del aparato de seguridad al poder civil legítimamente constituido. El Ministro es el jefe inmediato, pero tanto él como sus subalternos actúan por delegación y bajo supervisión del presidente de la república. Un militar de alta podría tener eventualmente un conflicto de lealtades, pero un militar en situación de retiro no recibe órdenes ni instrucciones del poder militar.
La otra objeción que pone el FMLN es meramente especulativa. Es cierto que el nuevo ministro no puede (ni debe) sacudirse su formación militar, pero de ahí a que no tenga capacidad de adecuar su pensamiento hay una gran distancia. Para información de quienes desconocen este tema, la formación militar no excluye el conocimiento de las leyes civiles ni el desarrollo de la capacidad de análisis de los fenómenos sociales. Es un grave error pensar que lo único que sabe hacer un militar es dar órdenes y disparar fusiles y cañones. Más aun, son precisamente los militares quienes más han respetado la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz. No se vale, pues, seguir alimentando viejos prejuicios, seguir atemorizando a la población con amenazas infundadas.
No se vale tampoco la hipocresía de objetar prejuiciosamente el nombramiento del Gral. Munguía Payés por el solo hecho de ser militar, cuando admiran y botan la baba por otro militar que no es ministro sino Presidente de un país donde sí se ha involucrado a la Fuerza Armada en la política, donde sí se han irrespetado los derechos civiles, donde sí se han socavado las instituciones democráticas.
Lo que todo buen salvadoreño debe hacer en estos momentos, le guste o no le guste la designación del nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, es mantenerse vigilante para preservar el estado de derecho pero apoyar decididamente los esfuerzos que se hagan desde el gobierno para combatir la criminalidad.
Por su impecable trayectoria de servicio a la patria y por sus innegables cualidades humanas, lo menos que merece David Munguía Payés es el beneficio de la duda.
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JOAQUÍN SAMAYOA
2013-04-05